Las guerrillas de las FARC y el ELN, así como el grupo armado de origen nacional FBL, se han expandido ilícitamente sobre territorio venezolano controlando la zona y sembrando el miedo y la angustia entre sus pobladores.

A lo largo del año pasado se produjeron más de 40 muertos a causa de los asesinatos selectivos y los continuos enfrentamientos entre las bandas. Es más, a medida que se posterga la negociación con el Gobierno de Uribe, se recrudecen las hostilidades y las guerrillas sufren más bajas y deserciones. Ante esto, el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes se convierte en una práctica habitual para los grupos armados irregulares de la zona.

Esta realidad ha hecho que muchas familias de El Nula y de las comunidades aledañas hayan sacado a sus hijos de las escuelas ante el riesgo de que fueran secuestrados por los guerrilleros o sufrieran las consecuencias del fuego cruzado. De ahí que las cotas de escolarización se hayan reducido notablemente en la zona.

Ausencia de autoridades estatales

Pero ésta no ha sido la única consecuencia inmediata del clima de inestabilidad que reina en la frontera; el éxodo de la población también comienza a ser acusado. Los grupos armados irregulares han forzado -bajo amenazas- a más de 100 personas a abandonar sus hogares sin alternativa alguna.

En medio de esta situación, el Vicario Episcopal del Alto Apure, Acacio Belandría sj, y su Equipo Pastoral, integrado, entre otros, por la organización de derechos humanos Justicia y Paz, el Servicio Jesuita a Refugiados de Venezuela y la Coordinadora de la Defensoría de niños, niñas y adolescentes "Monseñor Romero", intentan asistir a la población al tiempo que exigen a las autoridades colombianas y venezolanas que actúen para resolver el conflicto.

"En cuanto a la atención humanitaria de las familias desplazadas, estamos haciendo una evaluación con el apoyo de la organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Cáritas de Venezuela para atender esta emergencia desde el SJR, pues la atención a desplazados internos es parte de nuestra misión, pero exigimos al Estado que se aboque a proteger a estas familias desplazadas, pues es su responsabilidad", declaró Jesús Rodríguez Villarroel sj, coordinador de la Oficina del SJR-El Nula.

Funcionarios de las Fuerzas Armadas visitaron al Equipo Pastoral de El Nula y se comprometieron a tomar medidas. "El diálogo con el Coronel Carreño, segundo al mando del TO 1, fue bueno y notamos buena disposición por parte de ellos en tomar medidas para resolver el problema de ocupación de irregulares en la zona, proteger a las familias desplazadas y respetar los derechos humanos de la población local", comentó Belandría.

Las primeras medidas

En la actualidad, Entreculturas y el SJR-Venezuela acaban de aprobar un proyecto orientado a la "Integración legal y sociocultural de Refugiados /as Colombianos /as que solicitan refugio y población local en la zona fronteriza del Alto Apure Venezolano". El propósito es ofrecer una cobertura integral a los "desplazados irregulares" que han llegado a Venezuela, para lo cual el SJR ha dividido las actividades de su proyecto en dos grandes apartados:

En primer lugar, procurará el acceso a los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio y población local y que gocen del acompañamiento del SJR; mediante acciones de monitoreo, defensa, incidencia política y establecimiento de redes de protección con organismos públicos y privados; nacionales e internacionales.

En segundo lugar, se buscará facilitar los procesos de recuperación e integración psico-social y cultural de las familias solicitantes de refugio a través de actividades de atención psicológica grupal e individual y actividades de capacitación de niños/as, jóvenes, adultos y docentes.